¿Cómo un Estado, el de las autonomías, que progresivamente ha situado a tantas regiones y gentes españolas de espaldas al proyecto común de España, no iba a terminar por extender la irresponsabilidad también sobre la disposición de la hucha común? Al igual que en una familia, en la que los hijos solo procuren financiación para sus proyectos y ambiciones personales al margen,- y con desconocimiento y desaprensión-, de los ingresos de los progenitores, el Estado autonómico ha hecho anidar en las elites dirigentes regionales y en una parte significativa de la población el espíritu del egoísmo localista y el desentendimiento suicida de los asuntos comunes. También el desconocimiento de la magnitud de los fondos de todos.Universidades en el felpudo de casa, aeropuertos a tutiplén, Alta Velocidad por doquier, y televisiones autonómicas como churros; era cuestión de tiempo que el maná se agotase. Lo hemos querido todo, multiplicado por autonomías e incluso por provincias, respondiendo a los urgentes intereses electorales de la política autonómica, mientras hemos visto el interés común como una peligrosa antigualla franquista en el mejor de los casos.
Hoy sabemos mayoritariamente que este Estado desarticulado merece el veredicto de culpable, entre otras cosas por los insostenibles y desmesurados 3.088.400 sueldos públicos en un país con casi 16 millones de cotizantes en el sector privado, el veredicto de culpable por los gastos duplicados y el veredicto de culpable por los odiosos gastos identitarios que han minado la conciencia nacional de nuestros gobernantes y de una parte de nuestros conciudadanos.
No es casualidad que los peores datos de déficit y deuda los acumulen las tres comunidades que han reformado sus estatutos en esta legislatura desde ópticas puramente localistas y espurias: Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucia. Y no es casualidad que el Estado autonómico represente hoy ante los ojos de muchos españoles el Estado de bienestar de los partidos a los que brinda la posibilidad de nombrar a dedo a más de 200.000 personas. Aconsejo ampliar los datos en el magnífico estudio "España en crisis", publicado por el Colegio Libre de Emeritos en 2010. www.colegiodeemeritos.es
Hacer viable el Estado autonómico mediante la reforma de su configuración -tal es lema de nuestros días- está muy bien pero la clave es hacer viable el Estado nacional recuperando para éste sus funciones esenciales. Las autonomías son un medio para el bienestar general y no un fin en si mismo.
La potencia de España está en su unidad, y su salvación en la reunificación competencial, en la clara limitación de las funciones de cada administración, y en la indiscutible prioridad de la decisión del Estado sobre las autonomías, de lo común sobre lo privado, de la democracia española sobre las mini-democracias localistas que transforman la democracia de todos en una suerte de anarquía de regiones, provincias y municipios, en las que el clientelismo electoral se hace tan odiosamente cercano al ciudadano como lejano al bien común.
Reforma o muerte por autonomismo. He ahí la cuestión del 21-N.
La Razón, 5 de noviembre de 2011
Entender las Autonomías…. Lo que nos cuestan.
ResponderEliminarDiecisiete Gobiernos autonómicos: Cada Consejería tiene un costo Político Administrativo equivalente a un Ministerio. Lo que es igual a mantener unos 200 Ministerios en España, a efectos de Ministros, Subsecretarios, Directores Generales, Subdirectores Generales, asesores, toda la burocracia que los acompaña, coches oficiales, etc.
Diecisiete Presidentes de Gobierno, muchos de ellos con beneficios vitalicios e indemnización millonaria al cesar, hay que añadir otros tantos Vicepresidentes. Y como no, una cantidad enorme de empresas creadas por las Autonomías con nuestros impuestos, donde se coloca al clientelismo.
Se comprueba que es un sistema político carísimo, con subidas del IVA y que ha de funcionar a costa de reducir gastos en la sanidad, la enseñanza, las obras públicas, exigir más años de cotización a las pensiones y edad de jubilación. La Seguridad Social se queda con las cotizaciones de los españoles que por las circunstancias que fueren no llegaron a aportar el tiempo mínimo exigido, cuando deberían cobrar una pensión proporcional a lo que contribuyeron, una estafa. Hace 50 años se obtenía una pequeña pensión con seis meses de cotización.
A lo anterior hay que añadir 17 Parlamentos autonómicos que legislan sobre las mismas materias, pero haciendo pequeñas diferencias para que se rompa la unidad de mercado, se pierda la unidad legislativa y seamos menos competitivos. Si una ley es buena lo es para cualquier ciudadano con independencia del territorio donde viva. Los privilegios es el principal fundamento del sistema autonómico, que por si mismos son discriminatorios y conducen a que no seamos iguales ante la ley, ver http://hispania2011.blogspot.com . No más ciudadanos de primera y de inferior categoría.
El sistema no puede ser peor para la mayoría de los ciudadanos, es incomprensible como se puede mantener, y no permitir a los ciudadanos decidir si lo quieren o no en su territorio, teniendo en cuenta el beneficio que tendrían con la supresión de ese gasto.